¿SE MERECEN QUE ESTAS HISTORIAS SE REPITAN EN LA REGION LIMA?
CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE LUNAHUANA.
Ahora que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Cañete dio por agotados todos los recursos de apelación
y reconsideración que tuvo el imputado Javier Alvarado para evitar ser acusado
de los delitos contra la fe pública y peculado doloso y culposo, que el Juez
del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lunahuaná encontró suficientes
evidencias para acusarlo. La Sala Penal de Apelaciones le dio la razón
declarando inadmisible e improcedente los recursos de Alvarado. Ahora la Sala
de Apelaciones ha devuelto todos los actuados al Primer Juzgado Investigación
Preparatoria de Lunahuaná con fecha 22 de octubre del 2012 para que el Juez
aperture Instrucción Penal contra Javier Alvarado y otros por los delitos
Contra la Fe Pública, Falsedad Ideológica y Falsificación de Documentos contra
la Administración Pública y Peculado Doloso y Culposo en agravio de la
Municipalidad Distrital de Lunahuaná y del Estado.
Según los resultados de la verificación de las
denuncias por Contraloría General de la República en la Municipalidad Distrital
de Lunahuaná se determinaron conclusiones que ahora tendrán que ser ventilados
en el Proceso Penal que se le aperturará contra Javier Alvarado, como son:
Se determina la existencia de irregularidades
en la contratación, trabajos y pagos realizados a la empresa L&C asesores y
consultores o REFTEN SAC a quien se le pagó la suma de 1, 221,159. 45 nuevos
soles por los trabajos de fiscalización no realizada, sin el debido concurso
público para su contratación, no calificando para exonerarla mediante la
modalidad de servicios personalísimos. Indicios razonables de la comisión del
delito de colusión previsto y sancionado por el código penal en consideración
de los siguientes hechos:
1.1. En los archivos de la municipalidad no se encontró documentos de contratación con dicha empresa.
1.2. La municipalidad se habría puesto de acuerdo con la empresa para contratarla en forma directa, incumpliendo disposiciones de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado.
1.3. Se identifica a Javier Alvarado entonces
alcalde por ser quien suscribió el ilícito contrato, y a Rosa Liliana Torres
Castillo en su condición de asesora legal externa quien sería la que contactó
con la empresa.
2. Peculado Culposo.
En consideración a los siguientes hechos:
2.1. De los 3 Millones 489 mil 027 nuevos
soles que la Municipalidad de Lunahuaná retuvo de las cuentas de la empresa Telefónica,
a pesar de advertirse irregularidades en los trabajos realizados por la empresa
le pagaron 1 Millón 221 mil 153. 45 nuevos soles, sin la respectiva conformidad
de servicios del área de rentas, asesoría legal y contabilidad tal como lo
estipulaba el contrato.
2.2. Resultando implicado Javier Jesús
Alvarado González Valle entonces alcalde quien suscribió el contrato y ordenó
los pagos a la referida empresa.
3. Falsedad Ideológica
En consideración a los siguientes hechos:
3.1. Se consignó en el contrato de la empresa
que dicho convenio fue aprobado en sesión del Consejo, no existiendo dicha
aprobación.
3.2. Por lo que resulta implicado Javier Alvarado entonces alcalde por haber consignado datos falsos en el contrato con la empresa, como es el acuerdo del Consejo.
3.3. En las presuntas irregularidades en la aprobación y elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA y Reglamento de Sanciones y Multas RAS del año 2000. Insertando acuerdos a posteriori en el acta de sesión del consejo de Lunahuaná, con el presunto ánimo de "regularizar", lo que resultarían ser afirmaciones falsas.
3.4. Resultando implicados las siguientes personas: la señorita Amelia Tovar Nolasco Secretaría General de la municipalidad en el año 2002 y responsable del llenado del libro de actas de sesión de consejo. La abogada Rosa Liliana Torres Castillo en su condición de asesora legal externa miembro de la comisión que se habría encargado de realizar un supuesto concurso público para la designación del ejecutor y auxiliar coactivos quienes se encargaron de realizar las retenciones a las cuentas de la empresa Telefónica.
5.1. Se advierte una participación reiterada en las municipalidades de Chilca, Pativilca, Asia, Cajacay de un grupo de personas que forman parte de una organización criminal que se presentan bajo diversas denominaciones de empresas, manteniendo vínculos estables con la finalidad de cobrarles indebidamente con porcentajes leoninos como consecuencia de supuestos "servicios" de fiscalización tributaria incurriendo en la comisión de diversos delitos de colusión, peculado, falsificación de documentos, entre otros.
3.2. Por lo que resulta implicado Javier Alvarado entonces alcalde por haber consignado datos falsos en el contrato con la empresa, como es el acuerdo del Consejo.
3.3. En las presuntas irregularidades en la aprobación y elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA y Reglamento de Sanciones y Multas RAS del año 2000. Insertando acuerdos a posteriori en el acta de sesión del consejo de Lunahuaná, con el presunto ánimo de "regularizar", lo que resultarían ser afirmaciones falsas.
3.4. Resultando implicados las siguientes personas: la señorita Amelia Tovar Nolasco Secretaría General de la municipalidad en el año 2002 y responsable del llenado del libro de actas de sesión de consejo. La abogada Rosa Liliana Torres Castillo en su condición de asesora legal externa miembro de la comisión que se habría encargado de realizar un supuesto concurso público para la designación del ejecutor y auxiliar coactivos quienes se encargaron de realizar las retenciones a las cuentas de la empresa Telefónica.
4.Falsificación de documentos.
En función de los hechos siguientes:
4.1. Emitieron dos resoluciones de alcaldía,
acuerdos de consejo municipal falsas para acreditar o aprobar la realización de
concursos públicos para designar al ejecutor y auxiliar coactivo, que terminó
siendo simulaciones.
4.2. Resultando presuntamente implicado Javier
Alvarado quien suscribió dichos documentos.
5.Asociación ilícita.
Por los siguientes hechos:
5.1. Se advierte una participación reiterada en las municipalidades de Chilca, Pativilca, Asia, Cajacay de un grupo de personas que forman parte de una organización criminal que se presentan bajo diversas denominaciones de empresas, manteniendo vínculos estables con la finalidad de cobrarles indebidamente con porcentajes leoninos como consecuencia de supuestos "servicios" de fiscalización tributaria incurriendo en la comisión de diversos delitos de colusión, peculado, falsificación de documentos, entre otros.
5.2. En este sentido, por los hechos ocurridos
en la Municipalidad Distrital de Lunahuaná se encuentran presuntamente
implicados los señores: entre otros Rosa Liliana Torres Castillo quien conforme
al atestado policial enviada a la Segunda Fiscalía Provincial de Cañete
respecto a la comisión de diversos hechos delictivos en la Municipalidad Distrital
de Asia, donde prestó servicios la empresa REFTEN SAC con otro nombre de
L&C asesores y consultores, la citada abogada se encuentra implicada en la
presunta comisión de los delitos de colusión y usurpación de autoridad títulos
honores, la abogada sería el contacto de la empresa.
6.Peculado doloso.
Por los siguientes hechos:
6.1. Al haberse efectuado pagos al señor Luis
Enrique Fernández Estrella por la suma de 14 mil 400 nuevos soles por los
servicios de asesoría que habría proporcionado durante los años 2000 y 2001,
sin embargo no existe documentación que sustente la efectiva prestación de
servicios; asimismo que los servicios correspondientes al año 2000 fueron
pagados dos veces (2000 y 2002). Adicionalmente existen incongruencias en el
contenido del contrato que evidencia que habría sido elaborado posteriormente
para sustentar dichos pagos.
6.2. Por los hechos señalados, resultan
presuntamente implicados los señores: Javier Alvarado quien entonces alcalde de
Lunahuaná, fue el que suscribió un contrato por tres años y ordenó los pagos. Y
Luis Enrique Fernández Estrella que resulta ser el beneficiario por la
prestación de las asesorías, en el caso realizado en el año 2000 al
evidenciarse un doble pago y respecto al pago total al no acreditarse su realización.
CASO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
Cuando Javier Alvarado hace todos los
esfuerzos por librarse de la acusación por los delitos Contra la Fe Pública y
Peculado Doloso y Culposo, que se le imputa debido a la presunta apropiación
ilícita de 1 millón de dólares americanos cuando fue alcalde de la
Municipalidad de Lunahuaná, que le puede costar 10 años de pena privativa de su
libertad. Teniendo en cuenta que a raíz de este mismo proceso, hay sentenciados
que purgan condena en la cárcel "La Cantera" de Cañete, con cuya
complicidad se cometieron los ilícitos penales señalados. Mal momento para
Javier Alvarado en que aparece una Nota de Prensa a nivel nacional del
Departamento de Comunicaciones de Contraloría General de la República, que
complica aún más su credibilidad, transparencia y honestidad como ex –gobernante
municipal.
Desesperación en el entorno
Sin mediar consecuencias el entorno del
Presidente Regional, a pesar que la nota, había sido difundida por la prensa
nacional "El Comercio" y “Perú 21”, pretendieron poner en duda la
veracidad del documento cambiando de versión, cuando ya todo era más que
evidente, indicando: "que el informe de Contraloría no implicaba a Javier
Alvarado sino sólo a sus ex-funcionarios municipales" ¡qué tal sinvergüencería!
Porque los funcionarios municipales implicados fueron de extrema confianza y le
robaron en plena gestión municipal de Javier Alvarado. Entonces la interrogante
necesaria es ¿qué clase de gobernante fue Javier Alvarado?
Sospechas
Javier Alvarado, en la declaración policial
sobre el caso, responde afirmaciones sorprendentes que deja muchas dudas de su
inocencia o responsabilidad.
Contradiciéndose con el ex Gerente Municipal,
y el Gerente de Administración de la Municipalidad Provincial de Cañete a
quienes Contraloría les imputa la apropiación de más de 1 millón de nuevos
soles, quienes afirman que fueron designados en sus cargos por el alcalde
provincial Javier Alvarado, por su parte este lo niega y sindica
responsabilidad de la designación al consejo municipal en pleno. ¿Quién dice la
verdad? Cuando todos saben que Javier Alvarado es quien toma las decisiones
personalísimas en sus gestiones.
Así mismo resulta sospechoso que Javier
Alvarado afirme en su declaración "no haber ejercido ninguna función de
control sobre sus funcionarios” ¿cuatro años de su gestión y no ejerció ningún
acto de control sobre sus funcionarios? ¿Quién le va a creer? Deja la sensación
de ser evasivas para rehuir sus irresponsabilidades.
En su manifestación policial se señala que
quien debió de mantenerlo informado del control y manejo de los recursos económicos
de la municipalidad era Javier Francisco Vargas Cuestas en su calidad de
Gerente de Planificación y Economía.
Vargas Cuestas como Sub gerente de
Administración del Gobierno Regional fue desaforado del cargo, al aparecer unos
audios que lo involucraban en ilícitos cobros de facturas con servicios
fantasmas que los tramitaba en colusión con la ex Directora Regional de
Transportes y Comunicaciones. Coincidentemente el mismo modus operandi en que
se suscitó el robo a los fondos FINVER de la Municipalidad Provincial de
Cañete.
Luego, misteriosamente
Javier Francisco Vargas Cuestas aparece como jefe zonal del gobierno regional
en la provincia de Cañete, por decisión expresa y personalísima del presidente
regional Javier Alvarado ¿premio al silencio? Ud. saque sus propias
conclusiones.
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